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Saturday, April 19, 2008

Ex presidente Gonzalo Sanchez de Losada de Bolivia es blanco de mas demandas en EE.UU. por muertes en Bolivia

© 2008 by AP/Curt Anderson

Jose Carlos Sanchez Berzain. Derenido en Miami

APN (Achacachi Post News).- La niña Nancy Marlene Rojas Ramos estaba en su casa en Warisata (del aymara “huari”, ‘vicuña’ y “sayt’a”, ‘paradero’), Bolivia, cuando ella se asomaba a una ventana una bala rasgó a través de su pecho. Cayó en la cama de su madre, Etelvina Ramos Mamani, quien yacía con un bebé recién nacido, murió en los brazos de su madre.

Después de cuatro años y medio, Etelvina Ramos y su esposo presentaron un proceso civil contra el ex presidente del Bolivia Gonzalo Sanchez de Losada y su ex ministro de defensa Jose Carlos Sanchez Berzain por la muerte de su hija (Vea lista de demas asesinados).

Esta semana, un juez federal en Maryland consolidó dos demandas presentadas el pasado otoño, una en Maryland contra el ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y la otra en Miami contra el ex ministro de defensa José Carlos Sánchez Berzain.

El Juez de Distrito Adalberto Jordan en Miami, que escuchará el caso combinado, dio un termino hasta junio a los Departamentos de Estado y de Justicia para que presenten sus requerimientos sobre el caso, señalando en su orden, estos casos, tienen "repercusiones de política exterior."

Los demandantes alegan que los dos exprofugos a los EE.UU. deben ser obligados a pagar daños y perjuicios por la muerte.

Sánchez de Lozada, vive en Chevy Chase, Md, y Berzain, es residente de Key Biscayne, Miami, dicen que el caso debe ser archivado ya que sostienen que estaban haciendo su deber constitucional para sofocar una violenta rebelión y en los participaron exclusivamente personas bolivianas.

"Las acciones que tomé en un momento de crisis nacional en el año 2003 eran necesarias para proteger la vida y la propiedad y restablecer la ley y el orden", dijo Sánchez de Lozada en declaración escrita a la Associated Press. "Lamentablemente, se perdieron vidas en las manifestantes entre el gobierno y las fuerzas armadas".

El embajador de Bolivia en los EE.UU., Gustavo Guzmán, dijo que la "Legislación boliviana no establece como función estatal de los gobernantes, el asesinato".

Berzain, establece que el llamado juicio de Miami es una "persecución política" por el actual presidente de Bolivia, Evo Morales.

Jose Carlos Sanchez Berzain. Preso en Miami

Los abogados de los demandantes dijeron los dos ex gobernantes prófugos se pusieron ellos mismos bajo jurisdicción de las leyes de EE.UU. por el hecho escapar a suelo norteamericano. "Ellos han hecho de suelo norteamericano su casa. ¿Cómo pueden estar sorprendidos de que no están sujetos a la ley de los EE.UU.?" Dijo Judith Chomsky, una abogada del Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York que coopera con los demandantes. "Esto es, en cierto sentido, el único lugar donde estas personas puedan obtener la justicia.".

Casos similares llevados ante los tribunales en EE.UU. han tenido un cierto éxito. El mes pasado un juez federal en Miami ordenó que un ex mayor del ejército peruano pagar 37 millones de dólares a las familias de las víctimas asesinadas por sus tropas de 1985.

En 2002, un jurado federal en West Palm Beach celebró dos generales retirados salvadoreños que viven en la Florida responsables de las atrocidades cometidas en El Salvador la guerra civil de hace dos decenios. Los hombres fueron condenados a pagar 54,6 millones de dólares a tres víctimas de la tortura.

Howard Gutman, abogado de Sánchez de Lozada y Berzain, dijo que la demanda debe ser desestimada porque en EE.UU. los tribunales no tienen jurisdicción sobre las medidas adoptadas por los gobernantes extranjeros en virtud de sus propias leyes del país. "El gobierno de Lozada fue derrocado ilegalmente", dijo Gutman.

Los prófugos ex gobernantes bolivianos han recibido el apoyo de ex asesores jurídicos del Departamento de Estado, como William H. Taft IV, que ocupó el cargo de 2001-2005 que presentó una argumentación diciendo que los tribunales de Miami no son tribunales para decidir si los gobiernos extranjeros actúan de forma adecuada en sus propios países.

"La formulación y aplicación de política exterior de los EE.UU. es y debe seguir siendo responsabilidad del presidente de los Estados Unidos, no nuestros tribunales federales", y finaliza diciendo que "Esperamos que el Departamento de Estado se una a nosotros para instar a la corte a desestimar estas reclamaciones".

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